Recursos Humanos RRHH Press – UGT y CCOO han vuelto a dirigirse hoy por escrito a la Defensora del Pueblo para solicitarle la promoción de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto del que proviene la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Según informa UGT, ambos sindicatos entienden que la finalización de la tramitación parlamentaria del RD Ley 3/2012 como ley supone la consumación de la involución de los derechos laborales impuesta por el Gobierno del PP.
UGT y CCOO alegan que la reforma laboral supone, entre otros extremos, la vulneración del derecho al trabajo, en su vertiente individual, reconocido en el artículo 35.1 de la constitución española, por el establecimiento de un período de prueba de duración de un año, “en todo caso”, en el nuevo contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.
También supone la vulneración del mismo artículo 35.1 de la Constitución por la supresión de los salarios de tramitación en caso de opción por el empresario, ante la declaración judicial de la improcedencia del despido, del pago de una indemnización.
Igualmente se vulneran, según los sindicatos, el derecho individual al trabajo y a la tutela judicial efectiva –arts. 35.1 y 24.1-, como consecuencia de la nueva regulación de las causas de los despidos colectivo y objetivo.
Se ve vulnerado también el derecho a la negociación recogido en el artículo 37.1 de la Constitución, por sumisión de las partes que no han alcanzado acuerdo de inaplicación del convenio colectivo aplicable en la empresa a una decisión pública obligatoria, )
Así mismo, se vulneran, según UGT y CCOO, los artículos 9.3, 14, 24 y 35 de la Constitución por las disposiciones adicionales segunda -aplicación del despido por causas empresariales a los empleados públicos laborales- y tercera -exclusión de las medidas de regulación suspensiva y modificativa en el empleo público- de la Ley 3/2012.
Según recuerdan los sindicatos, esta es la segunda ocasión en que CCOO y UGT se dirigen al Defensor del Pueblo solicitando que promueva recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral ante el Tribunal Constitucional.
A la primera solicitud, la Defensora del Pueblo, entonces Luisa Cava de Llano, contestó que no recurriría porque la reforma laboral todavía no había sido aprobada definitivamente por el Parlamento. Ahora, una vez aprobada, UGT y CCOO vuelven a dirigirse a la nueva Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que esta institución “cumpla su compromiso de analizar la argumentación del escrito que ambos sindicatos prepararon contra la regulación de la reforma laboral”.
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