Recursos Humanos RRHH Press - Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo, han destapado un complejo entramado empresarial cuya única finalidad era defraudar a la Seguridad Social.
En la operación han sido arrestadas 76 personas e imputadas otras 84 por fraude en el cobro de prestaciones, falsedad documental y estafa. El perjuicio económico causado a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal alcanza casi los millones de euros.
El responsable de la red de empresas ficticias cobraba a inmigrantes por formalizar falsos contratos de trabajo y altas a la Seguridad Social que les permitían acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia.
De los más de 500 beneficiarios que se estima han participado en estas actividades ilícitas, la mayoría reside en Ibiza y en Madrid.
Diez falsas empresas
La investigación se inició tras recibirse un informe de la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid sobre una empresa con sede en esa provincia, a nombre de un ciudadano marroquí. A partir del estudio de esta documentación, los agentes descubrieron la existencia de un complejo entramado empresarial creado con la finalidad de obtener beneficios mediante el cobro a ciudadanos extranjeros por la formalización de contratos de trabajo y altas falsos.
Durante las investigaciones se constató la existencia de una red de empresas -todas creadas por la misma persona- compuesta por 10 mercantiles que operaban con 15 códigos de cuenta de cotización en distintas provincias españolas, principalmente en Madrid, Islas Baleares y Algeciras. También se demostró que las mismas servían de cauce para generar contratos falsos a ciudadanos extranjeros.
El número de personas dadas de alta de forma ilícita supera las 500, de las que, hasta el momento, se ha podido demostrar que 180 han percibido ilícitamente algún tipo de prestación, y 135 han empleado los contratos falsos para trámites relacionados con regularizaciones y autorizaciones de residencia.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial y han contado con la colaboración de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, de la Brigada Contra la Trata de Seres Humanos y la Brigada de Falsedades Documentales de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Islas Baleares y Andalucía Occidental.
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