Recursos Humanos RRHH Press - Una investigación conjunta de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra ha culminado esta semana con la desarticulación en Gerona de una trama empresarial dedicada a simular contratos de trabajo con la presunta intención de acceder a prestaciones y subsidios de la Seguridad Social.
Según han informado desde el Ministerio del Interior, se han detenido a un total de 43 personas quienes, previo pago de una cantidad económica, establecían contrataciones ficticias con la finalidad de acumular los mínimos periodos de carencia para obtener los derechos legalmente establecidos.
La documentación era utilizada, en paralelo, para regularizar la situación administrativa de los extranjeros. La investigación se ha desarrollado en el ámbito del convenio de colaboración en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude al Sistema de Seguridad Social suscrito entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Trasvase de trabajadores
La operación policial se inició a mediados del año 2012 con la detección, por parte de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de Gerona, de una serie de empresas que no presentaban actividad económica pero sí un intenso movimiento de trabajadores entre ellas.
El seguimiento de las empresas y los trabajadores permitió a los investigadores seguir el rastro de la trama hasta localizar al presunto responsable, un empresario residente en la Bisbal d'Empordà. Directa o indirectamente habría dado de alta a más de 160 trabajadores en la Seguridad social de forma fraudulenta.
Los interesados, la mayoría de origen magrebí, abonaban entre 400 y 2.000 euros dependiendo si precisaban un informe de vida laboral ficticio o un contrato de trabajo, imprescindible para regularizar la situación administrativa. El pago se realizaba en metálico en una sola vez o prorrateado de forma mensual. El fraude permitía a los trabajadores acumular los periodos mínimos de carencia para acceder la percepción de subsidios o prestaciones por desempleo.
A las personas detenidas se les imputan presuntos delitos de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social y favorecimiento de la inmigración ilegal. El fraude ocasionado al erario público supera el millón de euros, originado por el impago de las correspondientes cuotas y por el cobro de prestaciones o subsidios de desempleo.
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