Recursos Humanos RRHH Press - El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo Marco que complementa la intermediación de los servicios públicos de empleo en el mercado laboral mediante un sistema de colaboración público-privada con las agencias de colocación.
Según el Ejecutivo, este Acuerdo Marco implica el establecimiento de una base homogénea de condiciones técnicas y económicas para la colaboración con las agencias, lo que supone el conjunto de reglas básicas comunes que priman la eficiencia y eficacia en la inserción laboral, a las que se deberán ajustar los contratos que, sobre esta base, realicen los Servicios Públicos de Empleo.
Tres son los elementos destacados del diseño del modelo de colaboración público-privada en intermediación laboral. En primer lugar, la eficiencia en la selección de las agencias, dotando de un peso importante (60%) a la oferta de precio que para cada uno de los colectivos identificados proponga la agencia de colocación.
En segundo lugar, se primará la eficacia en los servicios prestados con retribuciones basadas en resultados, medidos en términos de empleo mantenido en el tiempo: mínimo de seis meses, con incentivos adicionales por duraciones superiores.
En tercer lugar, se primará la evaluación y el seguimiento para identificar posibles vías de mejora de los servicios de intermediación.
El esquema concreto y las cuantías se determinarán en los contratos específicos, con lo que se permite un margen de flexibilidad en atención a las circunstancias especiales de los colectivos, sectores o territorios donde se realicen.
200 millones de euros en dos años
Se prevé destinar a la contratación basada en el Acuerdo Marco un total de doscientos millones de euros durante su duración -dos años, prorrogables hasta otros dos- para el conjunto de contratos celebrados por los servicios públicos. En cualquier caso, el Acuerdo Marco como tal no comporta compromiso de gasto, que se derivará de los propios contratos.
Este Acuerdo Marco cuenta con el respaldo de las comunidades autónomas, catorce de las cuales han formalizado su voluntad de participación mediante la firma de los correspondientes convenios: Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Comunidad Foral de Navarra.
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