Recursos Humanos RRHH Press. “El impacto económico de las medidas y actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social durante los años 2012, 2013, 2014 y lo que llevamos de 2015, ha sido de 12.822 millones de euros, lo que equivale a más de un millón de pensiones en ese periodo”.
Así lo ha asegurado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en el acto de presentación de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), poniendo así de relieve que la lucha contra el fraude está dando resultados positivos y garantiza el cumplimiento de los derechos de muchas personas.
Desde 2012 hasta ahora la lucha contra el fraude ha permitido aflorar 287.705 empleos. “Esas personas -ha añadido la ministra- ahora tienen contrato, y por tanto derechos, y contribuyen también con sus cotizaciones a la sostenibilidad de nuestros sistemas de protección social”.
Para la titular de Empleo el fraude es una de las mayores amenazas al estado de bienestar y afecta a la competitividad de las empresas. “Por eso, ha dicho, la labor que ha desarrollado la Inspección ha permitido hacer el sistema más solidarios, más justo y más fuerte”.
Desde 2012 a lo que se lleva de 2015 la Inspección ha realizado más de 725.000 inspecciones en materia de empleo irregular. En ese mismo periodo la labor de la Inspección ha logrado anular un total de 113.335 altas ficticias por la TGSS de empresas fraudulentas, sin actividad, cuyo único objeto era el de facilitar el acceso indebido a prestaciones. Así mismo se han detectado a 36.378 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, o que las obtuvieron fraudulentamente.
Lucha contra el fraude y el empleo irregular
Tras analizar los datos la ministra ha insistido en valorar de manera muy positiva la Ley Ordenadora de la ITSS porque con ella se da un paso más e intensifica la coordinación en la lucha contra el fraude laboral y el empleo irregular. “Su objetivo es configurar un nuevo modelo que mejore el servicio que presta a los ciudadanos, evitando duplicidades e incrementos de costes”.
Por ello, según Báñez, mejorar la Inspección es mejorar la calidad en el empleo. La Ley contempla la creación de una nueva Oficina de lucha contra el fraude, encargada del impulso y coordinación de las medidas de combate al trabajo no declarado, plantea una mayor participación de las comunidades autónomas y los interlocutores sociales y avanza en la especialización de los funcionarios.
Crea además, dos escalas dentro del Cuerpo de Subinspectores Laborales: una de Empleo y Seguridad Social, conformada por el actual Cuerpo de Subinspectores y otra nueva, de Seguridad y Salud Laboral.
Así mismo, prevé el aumento de los recursos destinados a la prevención de riesgos laborales y a la lucha contra la siniestralidad laboral. Para ello se crea un nuevo grupo de funcionarios, a escala de subinspectores, de Seguridad y Salud Laboral.
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