Recursos Humanos RRHH Press. La Unión Sindical Obrera (USO) ha valorado positivamente el nuevo permiso retribuido para trabajadoras embarazadas de la administración pública que entrará en vigor el próximo año y que será operativo desde la semana 37 de gestación, y ha reclamado al Gobierno que lo haga extensible a las trabajadoras del sector privado.
Para este sindicato, “se trata de un pequeño paso, electoralista o no, en la dirección correcta, ya que en nuestro país se padece un abandono histórico de medidas de protección de la maternidad y de la familia, además de estar en la indigencia en materia de conciliación de vida familiar y laboral con respecto a la mayoría de países de la UE, no solo en lo referente a permisos retribuidos, maternidad o paternidad, sino a jornadas laborales, distribución de horarios, ayudas directas e indirectas, medidas de corresponsabilidad, atención a familiares dependientes, etc. Se trata pues, de un paso claramente insuficiente”.
Así mismo, la USO “echa en falta que en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 se contemple la ampliación del permiso de paternidad, congelado en trece días a pesar de que la Ley de Igualdad de 2007 recoge que se amplíe secuencialmente hasta las cuatro semanas”, según apunta el Secretario Confederal de Comunicación y Formación del sindicato, Joaquín Pérez Da Silva.
La USO ha señalado que “desde el ámbito estatal y autonómico se debe apostar por políticas a favor de la familia, la igualdad y la natalidad, máxime cuando, anualmente, se alerta del riesgo de estabilidad del sistema por el descenso de nacimientos, los movimientos migratorios y el incremento de los últimos años de la esperanza de vida”.
“Para el año 2050 se espera que en España más de un tercio de la población tenga 65 años o más. A esto le tenemos que unir factores como una baja natalidad para el total de la población y una reducción del porcentaje de población en edad legal de trabajar, que pasaría del 65,3% estimado para España en 2020 al 51,6% en 2050”, añade el sindicato.
El sindicato alerta de que “no apostar por políticas en esta dirección, además de comprometer el actual sistema de protección social y de servicios públicos, traería irremediablemente nefastas reformas en el sistema público de pensiones, alargamiento de la vida laboral y cotizaciones desproporcionadas para trabajadores en activo y empresas”.
“En algunos países de nuestro entorno sí parecen haber entendido la importancia de estas políticas para el futuro de la sociedad y de la economía, pero en España sigue costándonos apostar en serio en esta dirección, quedándonos siempre en medidas cortoplacistas y raquíticas”, advierte Joaquín Pérez.
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