Recursos Humanos RRHH Press. El Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de aprobar dos acuerdos que tienen como objetivo seguir fomentando el trabajo autónomo durante el comienzo del próximo año, para los que destinará inicialmente un total de 13 millones de euros.
El primero de los acuerdos servirá para ampliar la tarifa plana de 50 euros para los autónomos y gracias al segundo se subvencionarán los gastos necesarios para que los nuevos autónomos inicien su actividad.
El pasado mes de mayo, el Gobierno madrileño amplió a doce meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social que tienen que abonar los trabajadores autónomos. Ahora, el Ejecutivo madrileño ha acordado destinar 8 millones de euros más para que la medida se mantenga desde el primer día del próximo año. Con esta nueva dotación, los nuevos autónomos podrán seguir beneficiándose de la reducción a 50 euros mensuales hasta un total de 18 meses.
Esta ayuda es compatible con la otra línea de subvenciones aprobadas también por el Gobierno de Madrid enfocada a ampliar las ayudas a los gastos iniciales que puedan tener los desempleados que se den de alta como trabajadores autónomos.
Para ello, el Gobierno regional ha decidido destinar inicialmente 5 millones de euros durante 2017, que permitirán a los nuevos autónomos hacer frente a los primeros gastos inherentes a la puesta en marcha de una nueva actividad: honorarios de notarios, letrados, asesores, el traspaso del negocio, el alquiler del local, el desarrollo de páginas web y otras aplicaciones de comercio electrónico, gastos de publicidad y comunicación o el alta de los suministros de gas, electricidad e Internet, entre otros gastos subvencionables.
La ayuda de la que pueden beneficiarse los nuevos autónomos será del 80 % de los gastos justificados que realicen, fijándose una ayuda mínima de 1.000 euros y una máxima de 2.500 euros, en función del gasto.
Así mismo, para algunos colectivos de especial protección, la cuantía máxima se amplía hasta los 2.800 y 3.080 euros, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.
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