RRHHpress. Los sindicatos CCOO y UGT se entrevistaron ayer con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ante quien llevaron la Ley regional de Libre elección de médico, ya que consideran que es contraria a la Ley General de Sanidad al crear un área sanitaria única para 6 millones de personas, cuando la normativa estatal establece que estos apartados no pueden superar los 250.000 habitantes.Según la secretaria de Política Social de CCOO de Madrid, Ana González Blanco, "es inaceptable que se experimente con nuestros derechos", y señaló que el discurso que el Gobierno de la comunidad está utilizando en este asunto es "demagógico y populista", ya que pretende esconder en la nueva ley "un nuevo sistema organizativo que supondrá un paso más para la fragmentación del sistema sanitario público". Para CCOO, "no es tolerable que prácticamente todos los sistemas de protección social tiendan a una descentralización". "En términos sanitarios, esto recuerda a fórmulas preconstitucionalidades donde las decisiones se tomaban en los despachos", afirmó la sindicalista.
Por su parte, desde UGT Madrid, el secretario de Políticas Sectoriales del sindicato, Juan Luis Martín, afirmó que el consejero de sanidad, Juan José Güemes lleva "seis meses mintiendo a la sociedad madrileña" al decir que, para llevar a cabo la libertad de elección sanitaria, "es necesario" suprimir las 11 áreas sanitarias actuales y crear una única.
Martín explicó que la regulación actual de la libertad de elección en el conjunto del país "permite esta posibilidad" con un único requisito: Que el municipio tenga más de 250.000 habitantes. "Habría sido entendible que Güemes hubiera explicado que lo que pretende es llevar a cabo una extensión de ese derecho a los municipios de menos de 250.000 habitantes, pero en Madrid, el 50% de la población puede cambiar de médico y área sanitaria", precisó. "Si suprimimos esto, el único municipio que participaría en exclusiva sería Madrid. Los demás quedarían excluidos de la gestión del área sanitaria", dijo.
CCOO y UGT reclamaron aL Defensor del Pueblo que intervenga y tome las acciones que considere oportunas a fin de elaborar una serie de recomendaciones que posteriormente se dirijan a la Comunidad de Madrid.
