Pymes y autónomos madrileños recibirán 2.500 euros por cada contrato de teletrabajo que formalicen

Redacción. La Comunidad de Madrid incrementará en 5,1 millones de euros el gasto previsto para financiar las ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral entre las pymes y autónomos de la región durante 2020.

Esta cantidad se suma al millón de euros acordado inicialmente para el presente ejercicio y a los 2,6 millones adicionales aprobados el pasado mes de julio, elevándose así hasta los 8,7 millones euros el presupuesto total destinado a estas subvenciones, el doble que el año pasado, con el objetivo de afrontar la crisis sanitaria a causa del covid-19.

Los beneficiarios son los trabajadores autónomos o por cuenta propia y las pequeñas y medianas empresas que desarrollen su actividad en la región y pretendan mejorar la eficacia y eficiencia de sus negocios en el ámbito de la responsabilidad social, así como promover la conciliación en sus ámbitos laborales.

Para ello, este programa les ofrece dos líneas de ayudas. La primera de ellas, en materia de conciliación, concederá a pymes y autónomos 2.500 euros por cada contrato de teletrabajo individual que formalicen, bien adaptando el contrato que ya tenía un trabajador de la empresa a esta modalidad o por la realización de un contrato de estas características a un trabajador que se incorpore a la plantilla.

Y también habrá un incentivo por persona trabajadora que incorpore la flexibilidad horaria en su jornada. El importe máximo que podrá obtener una misma empresa que aplique medidas de teletrabajo y flexibilidad no podrá superar los 10.000 euros.

Además, se subvencionará hasta el 75 % del coste de los equipos electrónicos necesarios para la implantación del teletrabajo, ayuda que se retrotrae al 1 de enero de 2020.

La segunda línea de ayudas subvenciona hasta el 75 % de los costes de la obtención de certificaciones de normas o estándares en el ámbito de la responsabilidad social, de la puesta en marcha de planes directores, programas o acciones que contribuyan al cumplimiento o certificación de estos estándares o de la participación efectiva en iniciativas que fomenten la responsabilidad social, con un máximo de 2.500 euros por empresa.

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