Redacción. Los consejeros de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, de la Región de Murcia, Miguel Motas, de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, y de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota Amiga, han firmado un protocolo para la puesta en común de buenas prácticas en materia de empleo, formación y trabajo.
Según el documento, estos consejeros consideran del máximo interés "promover e intercambiar las mejores prácticas en materia de empleo, formación, trabajo, economía social y emprendimiento colectivo, en un futuro sumamente incierto en términos de empleo y muy exigente en cuanto a la atención de las personas afectadas".
A través de este protocolo, los consejeros declaran su intención de definir los cauces para el trasvase de conocimiento, que permitan el diseño de acciones conjuntas encaminadas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores, así como la puesta en común de las mejores prácticas con el objetivo final de impulsar el empleo y su calidad.
Acuerdos alcanzados
En materia de servicios públicos de empleo, los consejeros manifiestan en el protocolo su intención de orientar su actuación prioritariamente a la puesta en común de información de la evolución del mercado laboral, en un momento como el actual en el que conocer la situación del empleo y su evolución es muy importante.
También será prioritaria la mejora de las labores de orientación a través del trabajo conjunto en el establecimiento e impulso del perfilado de oferta y de demanda.
En cuanto a la formación para el empleo, se ha acordado la puesta en común del impacto que está teniendo el covid-19 en el desarrollo de las actuaciones formativas y las medidas de flexibilidad en materia de formación, implantadas o a implantar. También el fomento y extensión de la teleformación en las convocatorias de formación para el empleo.
Así mismo, plantean tanto la introducción de las adaptaciones necesarias a las convocatorias de los programas de formación para conseguir su adecuación a las necesidades de las personas con discapacidad, como la puesta en común del desarrollo y la promoción de Centros de Referencia Nacional en el ámbito de cada una de las comunidades autónomas y promoción de acciones de movilidad territorial de sus beneficiarios, así como la puesta en común de recursos.
Además, el protocolo incluye el estudio de sistemas de gestión adicionales que combinen la calidad de los cursos de formación y la seguridad jurídica de todos los agentes implicados y la promoción de la adaptación de la oferta formativa, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, a las necesidades reales de cada comunidad autónoma.
En cuanto a trabajo, la intención del protocolo es orientar su actuación al intercambio de buenas prácticas en materia de servicios de solución extrajudicial de conflictos, en particular, de los respectivos sistemas de conciliación, mediación y arbitraje.
Y en el ámbito de la economía social y el emprendimiento colectivo, los consejeros manifiestan su intención de orientar su actuación prioritariamente a la puesta en marcha de programas de formación en economía social y programas de difusión de buenas prácticas en esta materia con el fin de colaborar en el avance desde el emprendimiento individual al colectivo.
También a la identificación y diseño de programas de subvenciones para el fomento de la contratación de trabajadores en supuestos de baja por incapacidad temporal de trabajadores autónomos y al impulso de otros programas de incentivos de la corresponsabilidad entre este colectivo.
