Redacción. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha convocado una nueva edición del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), que permitirá la realización de prácticas no laborales en empresas a 10.240 personas desempleadas en Andalucía.
La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, cuenta con 28 millones de euros de financiación, lo que supone un incremento de cuatro millones respecto a la anterior edición de 2023, cuya ejecución finalizará el próximo mes de diciembre.
Esta cuantía se distribuye territorialmente entre las distintas provincias sobre la base de las personas inscritas en el SAE como demandantes de empleo desempleadas.
El programa de prácticas no laborales en empresas permitirá a los participantes acceder a información y conocimiento sobre los hábitos, dinámicas y valores característicos de los entornos laborales.
Los beneficiarios del programa serán personas desempleadas inscritas en el SAE como demandantes de empleo, que, además, se encuentren entre los colectivos de personas con discapacidad, minorías étnicas o personas en riesgo de exclusión social.
Este programa prevé la realización de prácticas no laborales durante tres meses, con una jornada máxima de 20 horas semanales y cinco horas diarias. Durante este período, la persona en prácticas recibirá una ayuda cuya cuantía se calcula sobre el 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) fijado anualmente, y que equivale a 480 euros mensuales o 1.440 euros a la finalización del periodo.
Las prácticas profesionales se desarrollarán en los centros de trabajo ubicados en Andalucía de empresas, asociaciones, fundaciones o entidades de carácter privado que resulten beneficiarias de esta subvención. Además, se realizarán en un horario adecuado al de los centros de trabajo y la persona en prácticas no podrá cubrir puestos de trabajo de estructura en la entidad.
Para el inicio de las prácticas se deberá formalizar un convenio entre el Servicio Andaluz de Empleo, el centro de trabajo donde se realizan las prácticas y la entidad beneficiaria, que tendrá que ejecutar el proyecto subvencionado en un plazo máximo de 24 meses.
