Recursos Humanos RRHH Press - El Consejo de Gobierno andaluz ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula la tasas judiciales y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
A juicio del Gobierno andaluz, los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de esta norma estatal vulneran el principio de igualdad y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocidos en la Constitución Española, al ampliar y generalizar el pago por el acceso a la Administración de Justicia hasta el punto de producir un efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y para las pequeñas y medianas empresas.
Según el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, la normativa de tasas judiciales disuade a los ciudadanos en el acceso a la Justicia, coarta este derecho e impide que los tribunales defiendan otros muchos derechos de la población, lo que se traduce en una justicia para "clases muy pobres", que estarán exentas del pago por carecer de ingresos, y para "clases muy ricas", que sí podrán afrontarlo, mientras que las grandes perjudicadas serán las "clases media-baja y trabajadoras".
En opinión de la Junta, especialmente atentatorio contra los principios de igualdad y tutela efectiva resulta el establecimiento de tasas en el orden social, donde la superioridad del empresario sobre el trabajador tiene consecuencias en las relaciones jurídicas y, por tanto, exige un ordenamiento compensador e igualador. Este pago, aunque limitado a los recursos de suplicación y casación, aumenta la desigualdad entre las partes y discrimina a los trabajadores en la defensa de sus derechos.
De igual modo, la Junta destaca que la desproporción de las medidas recogidas en la ley se hace aún mayor teniendo en cuenta las dificultades sociales y económicas que atraviesa la inmensa mayoría de la población española debido a la actual crisis. En este sentido, el Consejo de Gobierno recuerda que, entre los elementos que se deben tener en cuenta en la interpretación de las normas, el Código Civil incluye "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas".
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