
Según recoge la sentencia, el Tribunal considera culpables de un delito de desórdenes públicos a los 23 empleados condenados por ocupar las pistas del aeropuerto de la capital catalana el 28 de julio de 2006.
Esta acción, que duró varias horas, provocó la cancelación de más de 544 vuelos y 22 más tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos.