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Redacción. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha redefinido los procedimientos para simplificar al máximo la presentación, a través de una plataforma online, de las solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo  (ERTE) por fuerza mayor que supongan la suspensión de las relaciones laborales o reducción de la jornada de los trabajadores.

De este modo, se facilita la tramitación de los expedientes presentados por los centros de trabajo pertenecientes a los sectores incluidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para combatir el coronavirus.

El objetivo es facilitar estas gestiones a las empresas con sede en Andalucía, agilizar el proceso y contribuir a que esta situación coyuntural tenga el menor impacto posible sobre el mercado de trabajo.

Gracias a esta plataforma simplificada, las solicitudes consistirán en un formulario tipo que se puede presentar con o sin certificado digital. La documentación que es necesaria adjuntar queda recogida en una sencilla guía accesible desde la web, y consiste básicamente en documentación que acredite la actividad de la empresa, inscripción a la Seguridad Social del Código de Cuenta de Cotización (CCC) de los trabajadores afectados, memoria justificativa de la causa alegada -solo si la actividad de la empresa no está incluida entre las suspendidas por el Real Decreto-, copia de la comunicación a la representación de los trabajadores, relación nominal de trabajadores afectados y acreditación de la autoridad sanitaria, en el caso de aislamiento o contagio de la plantilla decretado por la misma.

Una vez admitida la solicitud que se presente por esta vía, la autoridad laboral podrá pedir informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se emitirá en el plazo de cinco días. Esta resolución se limitará a comprobar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por las empresas, pymes, micropymes y autónomos con asalariados a su cargo, correspondiendo a esta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. El silencio administrativo es positivo.

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