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Redacción. El sindicato USO ha dirigido un escrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social en el que solicita, de manera urgente, la reforma del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 1483/2012, de Procedimientos de Despido Colectivo, para que la autorización administrativa sea requisito indispensable en los despidos colectivos.

“Una medida que podría llevarse a cabo en el próximo Consejo de Ministros al igual que otras para dar una respuesta rápida a una necesidad urgente de los trabajadores”, defiende Joaquín Pérez, secretario general de USO.

USO también ha pedido que se restauren las competencias y funciones que tenía asignadas la autoridad laboral previas a la aprobación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y reivindica seguridad jurídica para los trabajadores inmersos en un proceso de despido colectivo que merecen un proceso de negociación con garantías que solo la obligatoriedad de la autorización de la autoridad laboral puede aportar.

USO, que siempre ha mantenido un posicionamiento contrario a la reforma laboral y ha defendido su derogación así como una nueva legislación laboral que dé respuesta a la actual realidad del trabajo, considera que hay aspectos de la misma que, ante la actual coyuntura económica, deben abordarse con urgencia.

“Las medidas de flexibilización de los ERTE han contribuido a minimizar las consecuencias laborales que ha provocado esta pandemia. Sin embargo, prevemos que, en los próximos meses, un gran número de estos ERTE se transformarán en despidos colectivos, a los que hay que sumar a los ERE ya presentados y que se van a negociar sin el control de la autoridad laboral, como es el caso de Nissan, una multinacional que lleva años gozando de privilegios en forma de subvenciones en España y que presenta un ERE que puede afectar a más de 30.000 familias entre empleos directos e indirectos”, explica Pérez.

Por ello, para USO es necesario que el Gobierno “impulse rápidamente la modificación del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores para acabar con la libertad absoluta de las empresas para aplicar despidos colectivos y devolver a la autoridad laboral el poder para paralizar o suspender procesos de despido colectivo que se han convertido en una herramienta para sanear la empresa y no como un método para tratar de salvarla de la quiebra”, concluye Pérez.

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