Redacción. La Junta de Andalucía visitó el pasado año un total de 2.602 empresas para comprobar y vigilar el seguimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Las visitas, realizadas por técnicos de la Junta de Andalucía habilitados en tareas de inspección, forman parte de un plan de actuación, aprobado anualmente en la Comisión Operativa Autonómica andaluza en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyo objetivo es colaborar con el cuerpo de inspectores dependiente del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, incrementando así las actividades de control de las condiciones de trabajo en las empresas andaluzas.
Para este año, se prevé que se realicen alrededor de 6.000 visitas en el plan de actuación de estos técnicos dependientes de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta.
En el balance de resultados del pasado año, este cuerpo de funcionarios, que cuenta actualmente con 25 efectivos, realizó 5.262 visitas, un 22,6 % más que el año anterior, lo que supuso que se cerrasen 2.006 expedientes, capítulo que también se incrementó en un 20 %.
En cuanto a las propuestas de actas de infracción trasladadas a la Inspección de Trabajo, se alcanzaron las 108.
Las visitas se centran especialmente en las instalaciones y equipos de trabajo, las sustancias utilizadas, la aplicación de la normativa de seguridad y salud laboral en los ambientes de trabajo, la adecuación de los procedimientos de seguridad seguidos por las empresas, los equipos de protección, la práctica de reconocimientos médicos y el cumplimiento de la adaptación ergonómica en los puestos de trabajo.
En la planificación prevista para 2022, se han seleccionado 13 sectores con carácter regional para centrar las visitas de acuerdo a su representatividad, siniestralidad, carencias estructurales detectadas en planes de visitas anteriores y compatibilidad con las características del programa.
En concreto, el plan abarca actividades como la agricultura, la silvicultura y explotación forestal, la industria agroalimentaria, la fabricación de productos de caucho, de plásticos, de maquinaria, de muebles o de vehículos, el comercio, el almacenamiento y los servicios de comidas y bebidas.
Junto a estos sectores, también se realizan campañas concretas enfocadas a la comprobación de condiciones de seguridad y salud específicas vinculadas a la prevención de enfermedades profesionales.
Para este año está prevista una campaña en las empresas con riesgo de exposición laboral a amianto, otra relacionada con empresas del sector de los compactos de cuarzo y una tercera relacionada con sectores prioritarios de actuación por enfermedades profesionales relacionadas con la exposición a agentes físicos y químicos.
Por último, está prevista otra campaña específica en empresas que presenten declaración de enfermedad profesional por agentes carcinogénicos, agentes químicos que produzcan sensibilización dérmica o respiratoria, ruido, vibraciones y radiaciones ionizantes, agentes biológicos que sean de declaración obligatoria, asbestosis, silicosis y asma bronquial y enfermedades de la piel causadas por sustancias fotosensibilizantes exógenas o por agentes infecciosos.
