Redacción. La Junta de Castilla y León ha convocado esta semana subvenciones para el desarrollo de iniciativas de información, formación, divulgación y asistencia técnica en prevención de riesgos laborales.
Las ayudas, concedidas en régimen de concurrencia competitiva, tienen como finalidad promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Podrán solicitar estas ayudas las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, las organizaciones empresariales y sindicales representativas en sus respectivos ámbitos sectoriales, así como las fundaciones y otras entidades constituidas por dichas organizaciones para la consecución de cualquiera de sus fines.
También podrán participar agrupaciones constituidas por organizaciones sindicales o empresariales que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos o actividades objeto de la subvención.
En todos los casos, las entidades deberán tener sede en Castilla y León, estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente y disponer de un ámbito de representatividad funcional y territorial acorde con las acciones que pretendan desarrollar.
Los destinatarios de las acciones serán trabajadores por cuenta ajena, profesionales autónomos y empresas, especialmente las pequeñas, consideradas a estos efectos las que cuentan con una plantilla inferior a 50 trabajadores.
El ámbito geográfico de las actividades subvencionadas será el territorio de Castilla y León, de manera que los proyectos deberán desarrollar sus actuaciones y tener como destinatarios a trabajadores, autónomos y empresas de la comunidad autónoma.
Cada entidad solicitante deberá presentar un proyecto en el que se identifique, describa y presupueste la actividad o conjunto de actividades para las que solicita la subvención.
La convocatoria cuenta con una dotación de 550.000 euros, que se distribuirá inicialmente destinando un 20 % a acciones de carácter sectorial y un 80 % a acciones intersectoriales. La cuantía máxima que podrá recibir cada entidad beneficiaria, incluyendo en su caso a sus asociados comprometidos en la ejecución de las actividades, será de 150.000 euros por convocatoria.
