
Así, “a través de una orden ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer, la IGAE declara que no tiene los efectivos suficientes para realizar algunas actuaciones de control y auditoría previstas en el Plan Anual de Auditoría”, señala CCOO.
Según el sindicato, “en los últimos cinco años la IGAE ha visto reducida su plantilla en 241 efectivos, lo que supone un verdadero expediente de regulación de empleo (ERE) encubierto, y, al mismo tiempo, ha incrementado la privatización de sus actividades de control de las cuentas públicas”.
Para CCOO, esta subcontratación de servicios con empresas privadas constituye una “clara usurpación de funciones reservadas a empleadas y empleados públicos”, además de un “despilfarro económico”, ya que “como avalan los datos de años anteriores, el coste de estos trabajos externalizados resultó un 35% más caro que el mismo trabajo realizado por personal propio de la IGAE”.
En opinión del sindicato, “esta práctica recurrente es una prueba más de la incongruencia que supone la destrucción de empleo público. Bajo el paraguas de la austeridad y reducción de gasto, lo que realmente se hace es derivar actividades públicas hacia el sector privado, multiplicando los costes y poniendo en riesgo la calidad e independencia de una Administración pública que no debe estar sujeta a vaivenes políticos o de mercado”.
RRHHpress