Redacción. El Gobierno andaluz ha acordado la tramitación de una ley de participación institucional destinada a regular las relaciones entre la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la comunidad, en el ámbito de la Administración autonómica.
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, competente en materia de concertación y diálogo social, está trabajando ya en la elaboración y aprobación de esta normativa que, por primera vez, regulará el diálogo con empresarios y sindicatos e incorpora a los representantes de los trabajadores autónomos.
Esta ley permitirá dotar, por primera vez, de un marco legal y, por tanto, normalizar la actividad que ya venían desarrollando estos agentes en el seno de la Administración. En su articulado se fijarán los objetivos de esta cooperación, se establecerán sus reglas de juego objetivas, transparentes, eficaces y equitativas, y se detallarán su organización y funcionamiento.
El futuro texto normativo definirá la figura de agente representativo, especificando quién debe y puede participar, y dará cabida a los representantes del trabajo autónomo. Además, desgranará los derechos y deberes de empresarios y sindicatos en el marco de la Administración, fijará los límites de los organismos en los que podrán participar y marcará la financiación para compensar dicha dedicación.
Pese a la experiencia acumulada en materia de concertación social en anteriores legislaturas, en Andalucía, no se había abordado hasta ahora la normalización por ley de la participación institucional.
La elaboración de esta ley, que responderá a los principios del Derecho Social y estará en consonancia con las recomendaciones de la Unión Europea o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), partirá de un borrador en el que ya ha trabajado la Consejería de Economía en colaboración con las principales organizaciones sindicales y empresariales de la comunidad.
