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Redacción. Los empleados públicos de la Junta de Andalucía cuyas funciones sean susceptibles de ser realizadas de manera no presencial podrán teletrabajar un día a la semana, o todos los días en caso de tener menores de 14 años o personas dependientes a su cargo en caso de cierre total o parcial de centros escolares o asistenciales o de algún caso debidamente confirmado de covid-19 en la unidad familiar.

Así lo ha acordado la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía con los sindicatos mayoritarios, CSIF y UGT, para la aprobación del protocolo de medidas organizativas para aplicar el teletrabajo en aquellas funciones que sean susceptibles de ser desarrolladas desde casa mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de covid-19.

Este régimen acordado de teletrabajo es más beneficioso para los empleados afectados que el actualmente vigente para este supuesto, que contemplaba un máximo del 80 % de teletrabajo.

En relación a su aplicación a los diferentes sectores de la Junta de Andalucía, se establece que será en las correspondientes mesas sectoriales y de negociación donde se analizarán y desarrollarán las particularidades propias de los sectores.

El protocolo, que será de aplicación mientras se elabora una legislación específica en materia de teletrabajo, cuyos trabajos ya se han iniciado, identifica las funciones que se consideran susceptibles de trabajo no presencial, con lo cual se gana en seguridad jurídica y en claridad respecto a la situación actual, limitándose el margen de discrecionalidad actualmente existente, lo que redunda en beneficio de los empleados y empleadas públicos.

Junto a ello, se introduce la planificación conjunta entre la persona responsable de la unidad y la persona afectada, indicando cuáles son las cuestiones que deben abordarse, lo cual ordena, clarifica y homogeneiza el régimen de teletrabajo en beneficio de las personas interesadas.

Así mismo, se crea una comisión de seguimiento para analizar las incidencias de relevancia derivadas de la aplicación del protocolo, que extiende su vigencia hasta el final de la crisis sanitaria.

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