Recursos Humanos RRHH Press - La Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA) ha celebrado hoy que el ejecutivo dé un "golpe a la economía sumergida" con el Anteproyecto de Ley de intensificación de lucha contra el fraude, que “limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones donde participen empresarios o profesionales”.
Sin embargo, OPA insta al Gobierno a tramitar la medida como proyecto de ley para que “los actores implicados directamente “podamos introducir mejoras durante su debate parlamentario.
La medida contempla que cualquier transacción superior a 2.500 euros, donde participe un profesional o empresario, debe realizarse mediante medios electrónicos, y no en efectivo. De lo contrario, las sanciones podrían llegar al 25% del importe de la factura, según a anunciado el Ejecutivo. Sin embargo, Hacienda perdonará la sanción a la parte implicada que denuncie los hechos a la Agencia Tributaria.
Además, OPA ha señalado que el Anteproyecto de Ley recoge algunas exclusiones que afectan directamente al colectivo autónomo, tales como la referida a las actividades que tienen una retención del 1%, como son, por ejemplo, la albañilería, la fontanería, el transporte de mercancías por carretera y la carpintería.
Otra exclusión es aquella aplicada a empresarios incluidos en el régimen de módulos, que pueden estar exentos si tienen un volumen de rendimientos íntegros superior a 50.000 euros anuales y facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares.
OPA confía en que la aplicación de este plan de lucha contra el fraude disminuya la competencia desleal dentro del colectivo autónomo, ya que todas las operaciones comerciales dejarán rastro que dificultará la utilización de dinero negro.
Según el presidente nacional de OPA, Camilo Abiétar, "la mayoría de transacciones realizadas por los profesionales por cuenta propia se encuentran por debajo del límite establecido. Por ende, sería un gran alivio para los autónomos si se reduce aún más el límite del pago en efectivo, ya que las ventajas no solamente se evidencia en un mayor control del fraude fiscal, sino también garantiza a vendedores y compradores que sus operaciones comerciales no son una tapadera de dinero negro".
Además, Abiétar indicó la necesidad de que esta medida se extienda "a las operaciones de pagos en grandes superficies, para que, no exista una desigualdad en el mercado".
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