Recursos Humanos RRHH Press. La directora general de Trabajo y Bienestar Laboral de la Generalitat Valenciana, Cristina Moreno, ha afgirmado hoy que desde el Gobierno regional "no vamos a cerrar los ojos y vamos a aplicar la tolerancia cero ante la contratación fraudulenta de trabajadores y el uso fraudulento de ETTs, durante la campaña citrícola que acaba de comenzar".
Según informa el Gobierno valenciano, Moreno ha advertido de que "la Dirección General de Trabajo de la Generalitat, competente en la aplicación de sanciones, va a proponer las sanciones más altas para aquellas empresas que actúen de esta forma, porque no solo se está realizando un fraude a los trabajadores y a la Seguridad Social, sino también una competencia desleal a aquellas empresas que sí cumplen con las condiciones salariales y laborales de los trabajadores".
En una reunión de trabajo y de coordinación mantenida esta mañana entre la propia Moreno, responsables autonómicos de Agricultura y la Inspección de Trabajo, la responsable de Trabajo y Bienestar Laboral ha asegurado que "el trabajo de recolección de cítricos es un trabajo de especialistas que se realiza todos los años durante varios meses y lo correcto sería que las empresas tuvieran contratadas a los trabajadores mediante un contrato fijo discontinuo, y que utilizaran la modalidad de contrato a través de ETT sólo para cubrir picos de demanda".
Moreno ha explicado que "el mercado de trabajo en el campo arrastra un problema histórico, que en los últimos años ha ido degenerando, mediante la utilización fraudulenta de Empresas de Trabajo Temporal, disfrazando el tiempo y la cantidad de las jornadas de destajo, y pagando a estos trabajadores menos de lo que dice el convenio, cuando lo justo es que por el mismo trabajo realizado todos los trabajadores cobren lo mismo".
La directora general ha denunciado "la laxitud con la que había actuado la autoridad laboral de la Generalitat en los últimos años en la resolución de sanciones", y ha transmitido "el respaldo total del actual Consell a las actuaciones que realice la Inspección de Trabajo".
Así, ha explicado que "la Inspección de Trabajo realizó al año pasado un proceso extraordinario en el que detectó irregularidades graves en 11 empresas tras estudiar el número de kilos facturados, precios de venta, tiempo de trabajo y balances. De este proceso, de momento ya se van a proponer a 4 empresas sanciones de unos 400.000 euros, más unos 160.000 euros de liquidación a la Seguridad Social, y se planteará al juzgado de lo Social la compensación de las diferencias retributivas salariales".
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