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Redacción. El Consejo de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Cataluña ha trasladado al Departamento de Trabajo del Gobierno catalán la necesidad de que se pongan en marcha medidas que faciliten la gestión administrativa de una potencial avalancha de expedientes que los graduados sociales deben resolver y que permitan dar respuesta a las necesidades de trabajadores y empresas en esta situación de excepcionalidad.

Teniendo en cuenta que los graduados sociales asesoran a un 80 % de las pymes de Cataluña y a un importante número de autónomos y trabajadores, los despachos y profesionales están recibiendo una avalancha de consultas y de peticiones que deben obtener respuesta.

Por ello, se ha solicitado un paquete de medidas urgentes y necesarias que, al margen de otras excepcionales que se puedan tomar, permitan flexibilizar los trámites y acortar plazos con respecto a la forma de realizarlos.

Entre las medidas solicitadas al Departamento de Trabajo, destacan:

  • El pago del 100 % del salario, partiendo de lo establecido en el Real Decreto 6/2020 en situación de IT por accidente de trabajo derivado del coronavirus. Ese 100 % debe ir con cargo a un fondo extraordinario creado a tal efecto, así como también la cuota patronal a la Seguridad Social.
  • Que los permisos para el cuidado de hijos y mayores de primer grado, así como los costes laborales y de Seguridad Social, sean con cargo a ese fondo extraordinario.
  • En cuanto a los expedientes de regulación de empleo, ya sean temporales o indefinidos, que se acorten los plazos a cinco días máximo. Que se reduzca también la documentación a presentar (memoria, actas, etc.), que el trabajador perciba la prestación por desempleo, que deberá ser del 100 %, y que los costes se imputen a ese fondo extraordinario.
  • Que se exonere a las empresas del pago a la Seguridad Social por fuerza mayor, considerando como situación de fuerza mayor a la actual situación, como mínimo en las zonas geográficas y actividades en las que se ha decretado el cierre obligatorio.
  • Así mismo, los graduados sociales demandan que el informe de la Inspección, de forma extraordinaria, no sea preceptivo y no se precise siquiera la constatación de fuerza mayor, ya que esta viene recogida "de facto" por la propia Administración, y que sea suficiente y se acepte con una declaración de la empresa sobre el cierre de actividad y una relación nominal de trabajadores afectados.
  • Que se exonere de pagar las cotizaciones sociales, o que se bonifiquen las cuotas, a los autónomos que, justificadamente, tengan que cerrar sus negocios, y que dichas cuotas sean abonadas por el fondo extraordinario.
  • Que se facilite y se fomente el teletrabajo, de forma excepcional, estando de acuerdo trabajador y empresa, y que pongan en marcha ayudas para impulsar esta modalidad laboral entre empresas y autónomos, principalmente para la compra de equipos y programas.
  • Que se flexibilicen los requisitos y obligaciones del registro de jornada laboral, ya que es una situación nueva, que la tramitación de la baja por accidente, y para evitar trámites engorrosos, no requiera de la tramitación por el sistema Delt@, y que se flexibilicen los plazos con respecto a la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Por último, que se facilite el trabajo y se agilicen los trámites de las empresas que, a su vez, gestionan los tramites a los despachos de los graduados sociales, que sufrirán una elevada carga de trabajo y de trámites burocráticos y que también se encuentran expuestas a las consecuencias del coronavirus.
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