Redacción. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha firmado un convenio de colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales para impulsar la mediación en conflictos laborales judicializados a través de estos profesionales especialistas en este ámbito del derecho.
Este acuerdo va a permitir desarrollar una experiencia piloto en los juzgados de lo Social para aliviar de carga de trabajo a una de las jurisdicciones con más retrasos en la agenda de juicios y agilizar la resolución de los asuntos.
Aliviar la sobrecarga de trabajo de los tribunales
La iniciativa, la primera de este tipo que se pone en marcha en España, se enmarca en la Estrategia de Mediación que está desarrollando la mencionada consejería para fomentar vías alternativas de resolución de conflictos más ágiles, basadas en el acuerdo entre las partes, que contribuyan a aliviar la sobrecarga de trabajo de los tribunales andaluces.
El convenio prevé que los colegios provinciales de graduados sociales creen una bolsa específica de mediadores laborales a los que los juzgados puedan derivar asuntos que ya están en los tribunales, sin perjuicio de la labor de mediación prejudicial que realiza el servicio andaluz de mediación, arbitraje y conciliación (CMAC), dependiente de la Consejería de Empleo, para tratar de evitar que los conflictos se judicialicen.
Resolución de despidos o reclamaciones de cantidad
Los graduados sociales podrán así ejercer de mediadores en casos como despidos o reclamaciones de cantidad sin perjuicio de que las partes estén representadas por sus abogados y procuradores. Los propios juzgados podrán derivar a la mediación los casos que estimen susceptibles de alcanzar un acuerdo, aunque siempre tendrá un carácter voluntario.
Para ello, estarán conectados a la agenda de los Puntos de Información para para la Mediación en Andalucía (PIMA), que serán los encargados de ofrecer todos los detalles a las partes y remitirlos al mediador.
