Redacción. Aenor ha entregado a Ferrovial S.A. las certificaciones de su modelo de prevención de delitos de acuerdo con las normas UNE-ISO 37001, Sistemas de Gestión Antisoborno, y UNE 19601, Sistema de Gestión de Compliance Penal, estándares de las mejores prácticas en sistemas de gestión para prevenir delitos, reducir el riesgo y fomentar una cultura empresarial ética y de cumplimiento con la Ley, contribuyendo a generar confianza.
El certificado Aenor UNE-ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, avala que Ferrovial tiene implantados los mecanismos adecuados para prevenir, detectar y enfrentar el soborno, cumpliendo con la legislación y otros compromisos adquiridos de forma voluntaria y apostando por la mejora continua.
Además, contribuye a crear una cultura de integridad y transparencia en la organización, mejorando la percepción, así como su reputación, ya que esta nueva herramienta de negocios está diseñada para disminuir riesgos en las propias operaciones de las organizaciones y en toda su cadena de valor.
Por su parte, el certificado Aenor UNE 19601, Sistema de Gestión de Compliance Penal, acredita que el sistema de compliance implantado por Ferrovial para la prevención y detección de delitos está alineado a las mejores prácticas en materia de cumplimiento penal.
El certificado demuestra la diligencia debida y, además, considera lo establecido en la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal con respecto a los requisitos de los modelos de prevención de delitos y los complementa con las mejores prácticas internacionales establecidas en el ámbito de la responsabilidad social, compliance y gestión de riesgos.
La propia Ley 1/2015 considera los modelos de prevención de delitos como posibles elementos de exoneración y atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Además, la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la reforma del Código Penal considera que las certificaciones podrán ser valoradas como un elemento adicional de la eficacia de los modelos a la hora de eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas que hayan implantado modelos para prevenir delitos.
