Redacción. El Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) ha puesto en marcha un nuevo programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas por el que subvencionará la contratación durante diez meses de jóvenes en situación de desempleo en los diferentes departamentos de la Generalitat y sus organismos públicos.
El SOC destinará 14,4 millones de euros a este programa, financiados con fondos europeos MRR, y se prevé la contratación de más de 600 jóvenes menores de 30 años a través de la modalidad de contrato en prácticas.
El objetivo de este nuevo programa es facilitar, mediante un contrato de trabajo, la adquisición de competencias soft o transversales, así como de habilidades sociales y profesionales, como empatía, creatividad, trabajo en equipo o capacidad de adaptación, entre otras.
Se cubrirán preferentemente puestos de trabajo en tareas relacionadas con la transición ecológica y la economía verde, la digitalización de servicios, la cohesión social -atención a la dependencia, intervención con colectivos vulnerables y rehabilitación de entornos y vivienda- y el desarrollo local rural.
Las personas contratadas tendrán que ser mayores de 16 y menores de 30 años, estar desempleadas e inscritas en el SOC como demandantes de empleo. Además, tendrán que cumplir los requisitos para formalizar un contrato en prácticas, entre otros la acreditación de un título universitario, de formación profesional de grado medio, superior o equivalentes, o un certificado de profesionalidad.
Para esta convocatoria se considera colectivo preferente a las personas con un grado reconocido de discapacidad igual o superior al 33 %.
La preselección de los candidatos será realizada en las oficinas de empleo, que facilitarán a las entidades contratantes una relación de personas que cumplan los requisitos para cada puesto de trabajo.
A partir de este listado, la entidad deberá realizar el proceso de selección. La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante el uso de curriculum vitae ciego, para garantizar el principio de no discriminación por ninguna razón.
